SOCIOANALISIS
COLUMNA DE OPINION DE SANTIAGO CASTRO
PUBLICADA EN EL DIARIO EL PAIS DE CALI

Sedición y delito común
Julio 30 de 2007

La sedición es definida en el Artículo 146 del Código Penal como el delito de los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir, transitoriamente, el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigente. Y esto es, exactamente, lo que se aplica a las fuerzas paramilitares.

Delincuentes son, al igual que la guerrilla. Es más, ambas organizaciones se han convertido en narcotraficantes y podríamos tachar de terroristas a sus cabecillas. Pero pretender diferenciarlos y hacerles aplicable el régimen de delincuentes comunes sólo a los integrantes de los grupos paramilitares, es un grave sesgo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ideológico o no, pero es un sesgo. El hecho es que de prosperar esta tesis, los integrantes rasos de estos ejércitos ilegales, y que suman casi 20.000 efectivos, enfrentarían una imposibilidad jurídica para ser amnistiados e indultados. En otras palabras, empecemos a construir cientos de cárceles, porque después de los desmovilizados vendrán los campesinos, terratenientes y hasta empresarios que los ayudaron. Y ahí no serán 20.000 sino cientos de miles.

La pregunta que nos debemos hacer es si queremos tirar por la borda el proceso de paz más exitoso que se ha llevado a cabo en la historia del país. Qué tiene sus defectos el mecanismo de la Ley de Justicia y Paz, claro que los tiene y se tendrán que corregir. Y por supuesto que queremos ver al cabecilla asesino confesando sus crímenes, contado la verdad, entregando los bienes y tierras mal habidas y pagando una condena así sea reducida. Pero también quiero ver al soldado paramilitar raso amnistiado, indultado y reincorporado a la sociedad civil. ¿No es este pues el tratamiento que le damos al guerrillero desmovilizado? Pero claro, está la opción de volver atrás y tenerlos otra vez en el monte, sólo que en esta ocasión el Estado que les cerró las puertas, puede ser visto como el enemigo a derrocar. ¿Es esto lo que queremos?

Por esta razón apoyo la inminente presentación del proyecto por parte del Gobierno que hace aplicable el delito de sedición a paramilitares que no sean responsable de delitos atroces. Es la única salida a una desafortunada decisión de la Corte que impide la reconciliación aplicándoles tratamientos diferenciales a conductas iguales. Es verdad que será objeto de severas críticas no sólo de sectores internos de izquierda y de buena parte de las organizaciones de derechos humanos internacionales, e incluso de algunos gobiernos o legisladores influyentes. Aun así, ya va siendo hora de evitar que las decisiones cruciales de política de Estado las dicten titulares de prensa en Colombia o presiones en Washington o París.