SOCIONANALISIS
COLUMNA DE OPINION DE SANTIAGO CASTRO
PUBLICADA EN EL DIARIO EL PAIS DE CALI

Miedos y verdades
Enero 29 de 2007

No va a ser fácil juzgar a quienes estamparon su firma en el documento de Ralito con el propósito de ‘refundar' la patria. Tendría uno que conocer a fondo la dimensión del fenómeno paramilitar en la Costa, cómo se originó, el grado de influencia que alcanzó, y asimismo, la cuota de responsabilidad que le compete al Estado colombiano, no sólo por haberlo alentado en sus inicios a través de algunos sectores aislados de las Fuerzas Armadas, sino también por haber dejado vastos sectores de la población completamente a merced de la guerrilla, y obligados a defender, por su cuenta y riesgo, su vida y propiedades. En algún momento tendremos que incorporar a la Ley de Justicia y Paz a los miles de ganaderos, campesinos, empresarios, y porque no, políticos que colaboraron con estos grupos ilegales. Primero, porque no se entendería que el que le pagó a Mancuso por protección recibiera una condena mucho más larga que el mismo capo. Segundo, porque no habría cárceles suficientes en Colombia para albergar a tanta gente. Dicho esto, debo afirmar que no me convencen las afirmaciones de los congresistas implicados, que recurren al miedo como justificación a sus actos.

Cuando uno toma la decisión de hacer política en Colombia está avisado de antemano de los riesgos que esta actividad conlleva. No obstante, el compromiso es con el país, con la constitución y con una serie de principios y valores que deben guiar su actuar. Supuestamente, estas personas llegaron a una encrucijada donde su seguridad personal y la de sus familias dependía que transgredieran la ley, por lo menos al no reportar encuentros con sujetos al margen de ella. No tenían opción, dicen ellos. Sí la tenían. Aun con el argumento válido de poner a salvo la familia, podían haber acudido a las autoridades por protección, incluso al exilio temporal de familiares cercanos, o por último, renunciar a la política. Y el pecado no está en la firma de un documento bastante blandón. El pecado es que un sector importante del establecimiento político consideró necesario responder a la convocatoria de un criminal para asegurar ya sea votos, visa para buscar votos, o tranquilidad personal o familiar. En cualquier caso, como dice la revista Semana, se hizo un “pacto con el diablo” y el miedo no puede ser la excusa.

Por último, si algo deja en claro este episodio es que el fenómeno paramilitar no es un problema uribista. Las responsabilidades penales son individuales y no colectivas, salvo que la cúpula de un partido haya impartido instrucciones en ese sentido. Y yo creo que nadie se imagina a Cesar Gaviria ordenando al senador López Cabrales reunirse con Mancuso. Lo mismo pasa con Uribe, o con Carlos Holguín, o Juan Manuel Santos. Otra cosa es que los partidos deben exigirle explicaciones a sus integrantes por sus actuaciones públicas, y en esto, lamento decirlo, el Partido Conservador, mi partido, no ha estado a la altura.