SOCIONANALISIS
COLUMNA DE OPINION DE SANTIAGO CASTRO
PUBLICADA EN EL DIARIO EL PAIS DE CALI

Del 8.000 a Jorge 40
Noviembre 20 de 2006

No hay duda que los hechos que vinculan a políticos con paramilitares revisten extrema ravedad, y el país merece que se investigue a fondo a los implicados para que se conozca la verdad. Pero se equivoca el Fiscal Mario Iguarán cuando asegura que es peor que el 8000. Si hacemos memoria, lo mas trascendental de ese proceso fue la posibilidad real que el dinero de los narcotraficantes haya decidido la elección presidencial. Este hecho, investigado por Heyne Mogollón y una comisión de la Cámara de Representantes con poca credibilidad, cubrió con un manto de duda e ilegitimidad al gobierno de Ernesto Samper y aisló al país por cuatro años. Pero si cayeron más de media docena de congresistas, ministros, ex contralores, y ex constituyentes entre otros, y la actividad económica, política y hasta cultural, estuvo permeada en grado sumo por el narcotráfico. Hoy nadie piensa que el triunfo de Uribe y su popularidad se deban al paramilitarismo, y no hay ni siquiera indicios de su financiación, de frente o de espaldas, en ninguna de sus dos campañas. El Presidente ha sido enfático en respaldar la labor de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, y a diferencia de hace doce años, el país le cree.

Queda entonces el tema de las responsabilidades penales y políticas. Las primeras son personales y eso está plenamente establecido. Las segundas pueden ser colectivas. Digo esto porque se ha pretendido presentar al paramilitarismo como un problema de la bancada uribista. No lo es; es un problema nacional que se evidencia con mayor fuerza en la Costa Atlántica. Sería como decir que el 8.000 fue un escándalo liberal. Tampoco lo fue. Al final, cada congresista es responsable de sus actuaciones frente a la justicia. Pero los partidos si deben tener mayor cuidado en cuanto a su conformación de listas. Ahora bien, frente a los implicados, se debe proceder a su suspensión, y en caso de ser condenados, a su expulsión inmediata. Es aquí donde juega la responsabilidad política.

Pero todos estos escándalos me dejan varias inquietudes. La primera es ¿Cómo se gradúan las responsabilidades penales y hasta donde llegan, teniendo en cuenta que hay desde indicios graves de contestación con masacres, pasando por arreglos de financiación, hasta el simple hecho de conocer personalmente a paramilitares (cosa nada extraña en la costa) y hacer política en zonas de su dominio? Y frente a las desafortunadas palabras del senador Araujo, que no implican por cierto ningún delito ¿cómo llega a conocer la prensa el contenido exacto de una conversación privada en Palacio? ¿quién de los voceros de las bancadas del Gobierno allí presentes estaría interesado en causar semejante malestar solo para congraciarse con los medios? Yo me pregunto…

Por último, quiero referirme al informe de la Comisión de la Verdad frente a la toma del Palacio de Justicia, en donde se concluye que el M-19 recibió dos millones de dólares por perpetrar ese aberrante episodio y descarrilar procesos de extradición pendientes. ¿Que tiene que decir el Polo sobre la responsabilidad política que le compete a dos de sus dirigentes, Antonio Navarro Wolf y el senador Gustavo Petro, militantes del M-19 en la fecha de los hechos? ¿Y la posible responsabilidad penal ya que los crímenes de lesa humanidad no prescriben? Parece que no mucho.