SOCIONANALISIS
COLUMNA DE OPINION DE SANTIAGO CASTRO
PUBLICADA EN EL DIARIO EL PAIS DE CALI


Elecciones e impuesto
Noviembre 06 de 2006

El nivel de apoyo de los últimos tres gobiernos norteamericanos (Clinton II, Bush I y II) al Plan Colombia ha sido impresionante; más de US$4.000 millones, a razón de US$600-US$700 millones por año, destinados a combatir al narcotráfico y a los ejércitos de guerrilleros y ‘paras' que lo administran y protegen. Y si bien esto es apenas justo dado el consumo y por ende el patrocinio de los consumidores de ese país a esta industria, el hecho es que Europa, que tiene un nivel de consumo igual y mayor, apenas se pellizca. Es más, el Viejo Continente ha sido más que insolidario con nuestra lucha, concentrándose más en presionar sobre temas de derechos humanos y excluyendo cualquier tipo de apoyo militar. Por eso, no nos digamos mentiras. En la lucha contra el narcotráfico nuestro único socio real ha sido Estados Unidos y esto se extiende a lo comercial y lo político. Claro que con intereses y agenda propia, pero socio al fin y al cabo.

Todo esto podría cambiar mañana con las elecciones legislativas de nuestro vecino del norte. Si los demócratas se apoderan del Congreso o por lo menos de la Cámara de Representantes, temas como el apoyo al Plan Colombia y la firma del Tratado de Libre Comercio podrían ser revaluados. El primero porque a pesar de haber sido creado en el gobierno demócrata de Clinton, su apoyo más numeroso y consistente ha sido de la bancada republicana. La demócrata, por el contrario, ha sido reiterativa en sus fuertes críticas al componente militar y a lo que ellos denominan como poco esfuerzo fiscal de Colombia, tenue compromiso con los derechos humanos y falta de avances significativos en la reducción de cultivos. En el tema del TLC, los demócratas votaron mayoritariamente contra el Tratado con Centroamérica, Cafta, y han sido incisivos en los temas laboral y ambiental. Salvo que se apruebe mientras existan mayorías republicanas, no es descartable entonces un descalabro de esta iniciativa clave para Colombia.

Lo curioso es que al mismo tiempo que se hicieron evidentes las tendencias hacia los demócratas éste, el Gobierno colombiano, a través de su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hizo pública su propuesta del impuesto al patrimonio para recaudar US$4.000 millones en cuatro años, cifra similar a lo recibido por el Plan Colombia. Me pregunto, entonces, si no es esto la póliza de seguro que Álvaro Uribe ha tomado frente a cambios de viento en la política exterior estadounidense. De ser así, tiene toda la razón, dado que el Plan Colombia y la modernización de nuestras Fuerzas Armadas tiene que ser financiados con o sin Washington. Mientras para ellos es cuestión de política, para nosotros es simple cuestión de supervivencia.

Aún así, el Congreso norteamericano, con mayoría de cualquier partido, tendrá que entender la importancia económica, política y geoestratégica que tiene Colombia en el hemisferio. En los países en desarrollo no le quedan a Estados Unidos muchos amigos reales y Colombia es uno de ellos. Nosotros también hemos sido socios leales. Sería una lástima entonces que en su ánimo de revancha contra el presidente Bush, el Partido Demócrata, sacrificara los objetivos y resultados de una sociedad entre dos naciones que, a pesar de muchas dificultades, ha resultado exitosa.



 

 
SOCIOANALISIS

Santiago de Cali,
Octubre 23 de 2006.
De la guerra a la cultura

Frente a toda la polémica desatada por la enérgica y justificada respuesta del presidente Uribe al atentado de las Farc, en donde suspende las negociaciones sobre intercambio humanitario hay dos aspectos que no dejan de sorprenderme: uno es que se olvida el hecho que las Farc son las directas responsables de este frenazo, toda vez que otorgarles concesiones mientras arremeten contra Bogotá y en el corazón de las Fuerzas Armadas sería una muestra de debilidad imperdonable. Me pregunto, tras estos hechos, qué tan seria era la voluntad de este grupo subversivo para lograr un acuerdo. Lo segundo es la condena al Gobierno por parte de algunos de los familiares de secuestrados al afirmar que buscar el rescate es sentenciarlos a muerte.

Entendible como son sus sentimiento, me pregunto también ¿quienes son, sino las Farc, las que violan su derecho a la libertad y amenazan constantemente su derecho a la vida? ¿Aún en el caso de un rescate fallido, que no son todos, quién es el que toma la decisión y aprieta el gatillo? Por último, si el acuerdo humanitario no es posible, dada la intransigencia de las Farc, ¿cuántos años más tienen que soportar nuestros compatriotas pudriéndose en la selva, antes que se intente liberarlos de su condición, por la fuerza si es necesario? ¿No es esta opción preferible a prolongar un cautiverio que les roba la vida de todos modos?
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  Santiago Castro Gómez - Representante a la Cámara
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